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Tras la reciente noticia de la sentencia por el caso del hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas (aunque en aguas internacionales) se ha abierto un debate bastante acalorado de la aplicación del principio ambiental de “quien contamina paga”.

 

 

 

El principio de “Quien contamina paga” tiene su reflejo en el Derecho Internacional Público y fue introducido por la OCDE en recomendaciones adoptadas en 1972, 1974 y 1989, Tratado ASEAN de 1985 (sobre la conservación de la naturaleza y la conservación de los recursos naturales); el Convenio sobre los ALPES de 1991, el Convenio sobre el curso de aguas fronterizas de 1992, el Convenio sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos en 1990.

En el marco comunitario se ha recogido este principio con una mayor contundencia y claridad, determinándose quién es el sujeto al que se le atribuye la autoría de la contaminación en cada caso, entendiéndose que quien contamina es aquel que directa o indirectamente causa un daño al Medioambiente o quien crea las condiciones que puedan conducir a este daño. Todo ello se recoge en la Directiva 2004/35/CE del 21 de Abril.

 

Al fin y al cabo el principio de “quien contamina paga” viene a decir que los costes de la contaminación han de imputarse al agente contaminante que debe sufragar tanto las medidas de prevención de la contaminación como los costes de la reparación de los daños eventualmente causados por la misma, sin recibir, en principio, ningún tipo de ayuda financiera compensatoria.

Por ello, volviendo al caso que motiva este artículo, tras la absolución de los aparentes culpables del hundimiento del Prestige, ha tomado fuerza la idea de que, al menos en España, quien contamina no paga. Y aunque en el caso del petrolero no se aplique la Directiva 2004/35/CE por estar regulado por otro convenio internacional, la imagen que se muestra a la población es que las grandes empresas contaminantes pueden saltarse las leyes con total impunidad.

Esta apreciación colectiva no se basa únicamente en el desastroso caso de contaminación producido por el Prestige si no que también se suman otros desastres ambientales producidos en la historia reciente de nuestro país:

 

  • Septiembre 1998. Rotura del Oleoducto Rota – Zaragoza a la altura de Écija originando un vertido parcial de 400.000 litros de gasóleo al río Genil.
  • Abril 1998. Rotura de la presa de la balsa de la mina de Aznalcóllar que produjo el vertido de residuos con alta concentración de metales pesados al río Guadiamar que fluye hacia el Parque Natural de Doñana.
  • Diciembre 1992. Encalla frente a costas gallegas el buque griego Mar Egeo que transportaba 79.300 toneladas de crudo. Provocando una marea negra que alcanzó los 50 kilómetros cuadrados e invadió las rías de Ferrol, Ares y Betanzos.
  • Diciembre 1987. El carguero panameño Casón encalla en las proximidades de Finisterra (A Coruña) tras sufrir varias explosiones que provocaron la muerte de 23 tripulantes y la alarma social por la presunta toxicidad de la carga que transportaba.
  • Enero 1986. El buque Castillo de Salas embarranca frente a la playa de San Lorenzo en Gijón con 100.000 toneladas de carbón, gran parte de las cuales se vertieron al mar al partirse en dos a los pocos días. Ocasionando una gran marea de carbón siderúrgico en las costas Asturianas.

 

Y así podríamos seguir enumerando diferentes accidentes que han tenido lugar en los últimos años y donde  ha quedado recogido en el incosciente colectivo la falta de una mayor fuerza en la aplicación de las sanciones o acciones para la subsanación de las terribles consecuencias ambientales producidas por dichas catástrofes ambientales. A esta sensación de impunidad tampoco ayudan las sanciones que la Unión Europea pone a nuestro país por el incumplimiento de determinadas leyes de protección ambiental como en el caso de las minas a cielo abierto de León. O la falta de actuaciones de remediación integral como por ejemplo en el yacimiento Touro con la consiguiente afección al Río Tinto.

 

 

Aunque a día de hoy el derecho y el medio ambiente son indiscutibles compañeros de viaje y cada día la justicia dedica más recursos a investigación de delitos de carácter ambiental, esto aún no ha llegado a ser percibido por los ciudadanos como algo real. Al contrario, en el inconsciente colectivo, campa la idea de que las catástrofes a nivel ambiental, aún teniendo un claro culpable, quedan impunes y es el Estado el que termina sufragando los gastos que originan dichas catástrofes.

 

Además de los documentos y artículos enlazados en el texto pueden leer más al respecto en los siguientes enlaces en inglés y castellano:

- "Desastres medioambientales en España e impacto sobre la salud pública" Fundación Mapfre.

- "Desastres naturales en Europa" Eroski consumer.

- "Desastres naturales y tecnológicos" (2005) MAGRAMA.

- "Mapping the impacts of natural hazards and technological accidents in Europe" European enviroment agency.

- "Minas a cielo abierto. De Laciana a Corcoesto: el desastre disfrazado de oportunidad" Pensando el territorio.

- "Los consumidores creen que las empresas deben ser responsables de solucionar la problemática ambiental" Mercados de Medio Ambiente.

 

 

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